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Las locomotoras de la serie 1800 fueron las más modernas de la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante

Pese a que el objetivo de este blog es el tratar temas históricos, no puedo resistirme a comentar hoy, aunque sea brevemente, el reciente anuncio del gobierno español de reducir el número de sociedades públicas dependientes de la administración estatal. Si se observa detenidamente el listado de empresas que se extingen o en las que el Estado desinvierte, se pueden encontrar hasta dieciséis sociedades orientadas al sector ferroviario, algunas de muy reciente creación como Irion, Multi Renfe o Albitren, ¡constituidas en el año 2011!

Sin embargo, el aspecto que más llama la atención a un historiador y son el objeto de esta pequeña entrada, es el anuncio de la agilización del proceso de liquidación de dos empresas que, en principio, era de suponer habrían desaparecido hace ya muchos años. Nos referimos a la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón y, sobre todo, la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante.

Las líneas explotadas por ambas empresas, la primera con 420 kilómetros que enlazaban Valencia con Calatayud y Zaragoza y la segunda con 3.670 kilómetros extendidos por el Centro, el Este y el Sur de España, desde Portbou hasta Huelva, se integraron el 1 de febrero de 1941 en la empresa pública Renfe, tras la incautación decretada por el gobierno de Franco en la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera. promulgada el 24 de enero del mismo año.

Tras la nacionalización de la red ferroviaria, se inició un complejo proceso en el que el Estado adquirió los títulos de cada una de las empresas ferroviarias incautadas en 1941, valorados según la media de sus cotizaciones en Bolsa durante los últimos quince años. Una vez establecido el valor definitivo se procedió a su canje por títulos de Deuda Pública con un 3,5% de interés. Esta actuación quedó aprobada por una Ley promulgada el 27 de febrero de 1943. En consecuencia, una vez abonado el pago a los accionistas y obligacionistas, las 17 empresas incautadas pasaron a ser propiedad del Estado.

Una vez integrada la explotación de sus líneas en Renfe y canjeados los títulos de los accionistas y obligacionistas por Deuda Pública, parece lógico que se hubiera procedido a la disolución de estas empresas. Sin embargo, parece que no fue así, al menos en el caso del Central de Aragón y de la Compañía del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante. Por tanto, se abre ante los historiadores una interesante y poco conocida faceta de nuestra historia ferroviaria: ¿a qué se han dedicado estas empresas en los últimos setenta años?  ¿quiénes han conformado sus Consejos de Administración? ¿cuáles han sido sus ingresos y gastos? ¿existen legalmente otras compañías como Andaluces o Norte?...